Fue declarado inconstitucional a raíz de una demanda presentada por Juan Pablo Cárdenas Mejía, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, por vicios de forma.

Desde la entrada en vigencia de la mencionada ley, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá abrió el debate y fue sede del estudio de constitucionalidad de la norma demandada. Un grupo interdisciplinario de árbitros, abogados y expertos constitucionalistas, que se enfocaron en estudiar la norma, su origen y efectos, dieron los argumentos para soportar la pretensión de inexequibilidad.

Declarado inexequible este artículo, estimula la utilización del arbitraje en Colombia y promueve el acceso a la justicia arbitral ya que al no tener que pagar este impuesto se promoverá que las empresas utilicen más este servicio, estimulando el uso de los mecanismos alternativos.