Una primera reflexión sobre este es que el análisis de la inclusión no debe ser solamente desde la industria financiera tradicional, sino que debe tener en cuenta a todo el Fintech, incluyendo los diferentes segmentos que promueven las finanzas alternativas en nuestra sociedad: crédito digital, factoring electrónico y crowdfunding o financiamiento colaborativo.

La experiencia a nivel internacional muestra que las economías que han tenido mayor crecimiento en los últimos años han acudido, precisamente, al financiamiento alternativo como una forma para desarrollar su inclusión financiera y social.

Teniendo en cuenta la alta carga regulatoria que tiene la industria tradicional, las condiciones de cobertura y la eficiencia operacional de muchos negocios financieros convencionales, será importante que el DNP considere el desarrollo de los nuevos negocios desarrollados por la industria Fintech.

En ese sentido, la inclusión financiera cubre las actividades que se encuentran reguladas, supervisadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero también a aquellas que no lo están, ya que no se encuentran bajo el ámbito de competencia de otros reguladores o supervisores, por ser de naturaleza más comercial, como es el caso del factoring electrónico y del crédito digital.

Por esto, es importante destacar que cualquier perspectiva de desarrollo de una inclusión financiera debe tener en cuenta cuáles segmentos son definitivamente supervisados o vigilados por parte de las entidades regulatorias financieras y cuáles tienen un alcance distinto y requieren de una intervención diferente por parte del Estado, seguramente, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de la TIC, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tratar de uniformar todos los segmentos a una supervisión financiera clásica (o moderna) resultaría inconveniente por la misma dinámica de la innovación tecnológica y por las características que tiene este tipo de iniciativas: mejor experiencia de usuario; menores costos y estandarización de los valores vinculados a estos; rapidez y agilidad en la operación; y uso intensivo de la tecnología. Esto se traduce en menor carga regulatoria, adopción de mejores prácticas y, sobre todo, innovación para lograr la Inclusión.

Cabe resaltar que el hecho de que no exista supervisión financiera en algunas de las actividades Fintech (en las Sedpes y el crowdfunding sí hay) no implica que la actividad de las Fintech esté desprovista de regulación. En efecto, la regulación está presente. Ese es el caso del crédito digital, que tiene una regulación propia de las operaciones de mutuo mercantil; el factoring, que tiene la regulación propia de la Ley 1231 de 2008; el segmento regtech, que tiene todas las normas vinculadas al conocimiento de clientes y antilavado; y de cripto y blockchain, que tiene la regulación propia de los activos digitales en Colombia.

Nuestro llamado es para que las políticas de inclusión financiera cubran los asuntos tecnológicos de manera que no se vaya a concentrar el esfuerzo únicamente en la industria financiera tradicional, licenciada y autorizada. Es necesario darles cabida a las innovaciones tecnológicas con un sentido de apertura y, sobre todo, con el sentido de definir metodologías claras tanto de regulación como de supervisión, desde diferentes perspectivas. El hecho de que exista el prefijo “Fin” en la expresión “Fintech”, no puede llevarnos a que todos los segmentos deban ser regulados o vigilados desde la supervisión financiera tradicional.

Aprovechemos las oportunidades de este Conpes de inclusión financiera y la discusión de un nuevo ‘sandbox’ regulatorio (a partir del artículo 170 del Plan Nacional de Desarrollo), para que la discusión sea con todas las autoridades que pueden intervenir en la regulación de la industria Fintech en Colombia.

Tomado de: www.colombiafitech.co