Debido a la pandemia, el Gobierno debió acelerar su inversión en el sistema de salud y, a través de una estrategia fiscal por $39,51 billones, el sector ha presentado una evolución positiva en medio de la crisis. Sin embargo, para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), a pesar del reciente desarrollo, el sistema necesita más recursos.

Inicialmente, Anif detalló que el primer objetivo de la administración fue proteger el flujo corriente de los recursos para garantizar la atención médica de los usuarios a través de la disposición de giros por $31,2 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) al cierre de agosto, de los cuales, $18 billones fueron para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y $13,2 billones a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

En segunda instancia, el Gobierno se enfocó en agilizar el saneamiento de las deudas en el sistema y generó un proceso de compra de cartera por $407.000 millones para las EPS que cumplieran con los requisitos financieros y tuvieran cuentas por cobrar radicadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

A lo anterior se sumaron giros por $690.000 millones (de un cupo total de $2,1 billones) para el pago de cuentas no UPC de servicios prestados durante el periodo de abril de 2018 y diciembre de 2019.

Acto seguido, se destinaron $7,3 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), de los cuales $5,5 billones son para el fortalecimiento del aseguramiento; $1,7 billones a la ampliación de la oferta y $45.000 millones para mayor institucionalidad. De ese cupo, $2,8 billones ya se asignaron presupuestalmente para el reconocimiento al personal.

“Es necesario avanzar en el proceso de saneamiento de cuentas que contempla el Acuerdo de Punto Final. Los recursos para el pago de estas obligaciones, que ya se encuentran dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, podrían generar un alivio importante para prestadores y proveedores e, incluso, para el talento humano en salud, puesto que las deudas laborales tienen atención prioritaria”, dijo Mauricio Santamaría, presidente de Anif.

En ese contexto, advirtió que la atención de la pandemia y el desplome de la demanda golpearon con fuerza los ingresos de los prestadores de servicios privados de salud, con una baja de 9,8% en julio y un promedio de -25,2% entre abril y junio, el período más álgido de la crisis.

Santamaría agregó que el reto para el sistema es dinamizar el flujo de liquidez de las IPS y de los trabajadores de la salud por medio de cambios en la estructura; diferencias en los montos que representa la cartera, entre otros.

Al respecto, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Carlos Reyes, puntualizó que el Gobierno debe ser más claro con la ciudadanía en la exposición del uso de esos recursos para el sector.

Fuente:  La República