El Plan Nacional de Desarrollo tiene bastantes sorpresas, pero entre los 57 artículos nuevos, dos pusieron en alerta a los empresarios dedicados al comercio internacional y al Gobierno, pues en contra de la Constitución, el Congreso decide que comenzará a remplazar al Presidente en la fijación de aranceles.

En efecto, para los expertos, los artículos 298 y 302 son una clara muestra de lo que no se debe hacer:

“Artículo 298 (nuevo) Se establecerá un arancel del treinta y siete punto nueve por ciento (37,9%) a las importaciones de productos, clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto”.

“Artículo 302 (nuevo) Se establecerá un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional”.

Los expertos advierten que con estos dos artículos, de iniciativa parlamentario, se generan cuatro contravenciones: son inconstitucionales porque el Congreso asume funciones del Ejecutivo; contradice los acuerdos comerciales suscritos por el país; la fijación de aranceles en el país obedece a un proceso técnico con procedimientos establecidos; no tienen aval del Gobierno y tendrían un efecto de incentivo al contrabando.

Tanto la Andi como Analdex, gremios de los industriales y los exportadores, respectivamente, prendieron las alarmas y advirtieron los riesgos a los que se expone el país de prosperar esas iniciativas.

En una carta, Analdex le le dice al representante Óscar Dario Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, que estos artículos están en contravía de la Constitución, pero que además “violan los acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional”.

“Del mismo modo, es posible que algunos socios comerciales presenten medidas retaliatorias frente a esta disposición, lo cual deja al país en una posición desventajosa para la estrategia de diversificación de mercados que permitiría internacionalizar la economía e incrementar las exportaciones”.

En el alto Gobierno consideran que esas dos proposiciones van en abierta contravía al objetivo que persiguen, pues termina incentivando el contrabando. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había pronunciado oficialmente.

“En cuanto al espíritu de lo que buscan los dos artículos, incrementar el arancel de las confecciones importadas al país aumentaría también el margen de rentabilidad del contrabando del sector. Precisamente, esta es una de las variables que se intentaría controlar con esta medida pero se desbordaría, afectando aún de mayor manera a los confeccionistas del país. En ese sentido, la norma terminaría favoreciendo el comercio ilegal de mercancías”, le recuerda Javier Díaz, presidente de Analdex, al representante del partido Centro Democrático, Óscar Dario Pérez en la carta.

En igual sentido, la Andi recordó que se está poniendo en riesgo el 21 % del empleo industrial colombiano que es generado por el sector textil y de confección.

El gremio de los industriales le dice al Congreso que “una medida de esta naturaleza, que no responde a ninguno de los casos definidos por la Organización Mundial de Comercio como herramientas de defensa comercial ante prácticas desleales de comercio, iría en contra de los principios generales que ha indicado la OMC. Se estaría constituyendo una situación irregular con inmensos riesgos de sanciones al país”.

EL DEBATE COMENZÓ

Y es que luego de casi dos meses de discusión, el texto de la hoja de ruta del Gobierno en materia de gasto e inversión para los próximos cuatro años, comenzó a ser debatido y ajustado para ser aprobado por el Congreso a mediados de mayo próximo.

Se trata del Plan Nacional de Desarrollo denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ que, entre otras cosas mantiene los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, conserva en 40% el porcentaje sobre el cual los independientes y rentistas de capital liquidan los pagos de los parafiscales, plantea crear 1,6 millones de empleos y reducir la tasa de desocupación de 12,8% a 7,9%, la mas baja desde los años 90.

La ponencia del Plan fija en 7,9% la meta de desempleo al finalizar el presente Gobierno.

También plantea pasar del 20% al 60% en la actualización de la base catastral. El objetivo es lograr que la economía crezca a más del 4,5% anual.

De la misma manera, la inversión social permitirá llegar a 2 millones de niños con educación inicial, lo que significa un incremento del 67%.

El número de niños que se beneficiarán del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasará de 5,3 millones a 7 millones entre 2018 y 2022, y multiplicará por cuatro el programa Jóvenes en Acción llegando a 500 mil cupos.

Una de las grandes metas consiste en sacar a 2,9 millones de colombianos de la pobreza monetaria, al igual que a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema.

Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), indicó que las inversiones previstas para los próximos cuatro años ascienden a $1.100 billones, a través de sus tres pilares fundamentales: legalidad, emprendimiento y equidad.

La directora del DNP recordó que el Plan 2018-2022 se estructuró desde las regiones, en donde participaron las autoridades territoriales y locales, la sociedad civil, gremios y grupos étnicos.

En vivienda, el Plan de Desarrollo contempla 600.000 intervenciones para el mejoramiento y la iniciación de 520.000 viviendas VIS, porque vivir en condiciones dignas es equidad.

En el pacto por el emprendimiento la meta es llevar asistencia técnica rural a 550.000 productores y a 300.000 con agricultura por contrato.

Fuente Original Portafolio