En un análisis del gasto que ha tenido el país pagando fármacos de alto costo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres, encontró que hay actores que están cobrando las medicinas a precios muy diversos. Sus márgenes son una grieta para el sistema de salud.

Quienes deben tomar las decisiones para que el sistema de salud marche de manera correcta suelen tener muchos dolores de cabeza. Así tengan las mejores intenciones, en el camino se encuentran con muchos tropiezos. En los últimos años ha sido usual que se enfrenten a uno que parece imposible de superar: los altos precios que Colombia está pagando por los medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios (o no POS). En 2017 representaron un gasto de $3 billones; en 2018, de $3,1 billones y, hasta el primer semestre de 2019, su valor había sido 7 % más alto que el del año anterior. Son cifras que, sumadas, equivalen, más o menos, a la tercera parte de lo que pagará Bogotá por la primera línea de metro ($20 billones, aproximadamente).

Las alertas sobre lo que ha estado sucediendo con esas medicinas se han multiplicado a lo largo de estos meses. La Corte Constitucional, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica y el Ministerio de Salud son algunas de las entidades que han manifestado su preocupación. El último llamado de atención lo publicó la Adres, encargada de administrar los recursos del sistema. En un informe volvió a advertir que algo no anda nada bien en ese mercado en el que algunos actores están cobrándole a Colombia las mismas medicinas a precios muy diferentes. Si eso no hubiese sucedido en el año que analizó (2017), escribe, el Gobierno se hubiera podido ahorrar $309.000 millones solo en las medicinas no POS del régimen contributivo.

El documento de la Adres es breve y contundente. En él explica lo que encontró luego de examinar una enorme base de datos con más de siete millones de registros. Tras depurarla, evaluó lo que se escondía detrás de esa larga cadena de venta de fármacos en la que intervienen varios actores. Entre ellos, las EPS y los usuales proveedores de esas medicinas: farmacéuticas, operadores logísticos y hospitales.

Saltándonos las ecuaciones y los detalles metodológicos que usaron para hacer el cálculo, la Adres llegó a varias conclusiones que muestran que algo muy raro ha estado pasando con el cobro de esos medicamentos. El caso del Vidaza, usado en pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, es un buen ejemplo para entender la situación: entre el valor unitario más bajo y el más alto que se recobró hubo una dispersión promedio del 69,9 %. La diferencia dependió de qué proveedor se lo vendió al sistema de salud. Otro ejemplo es el Humira, usado por personas con artritis reumatoide, que tiene una dispersión del 11 %. En 2017 fue el medicamento que representó la mayor cifra de ventas en el país: más de $112.000 millones.

A los ojos de la Adres, la diferencia de precios revela que la regulación cumple una “labor importante en la reducción de la dispersión”. Pese a ello, dice, es necesario que haya otros mecanismos para que exista más eficiencia. Una de las que recomienda es hacer todo lo posible para que haya solo un proveedor para esas medicinas y no varios, como sucede ahora. La dispersión de precios que imponen en los llamados biotecnológicos, por ejemplo, está poniendo en serios aprietos al sistema de salud.

Esa, de hecho, es otra de las grandes preocupaciones de la Adres. La existencia de tantos intermediarios y proveedores en la larga cadena de venta de medicamentos parece estar creando serias distorsiones en el mercado farmacéutico. Entre estos actores hay unos sobre los que el Gobierno ya ha puesto su lupa y ha creado caminos, como lo hizo con el último Plan Nacional de Desarrollo, para regularlos: los gestores farmacéuticos u operadores logísticos. La Adres, a diferencia de otras ocasiones, prefirió ser prudente y mantener sus nombres en el anonimato.

Su análisis refleja que, en algunos casos, como el del “proveedor No IPS 2”, sus valores unitarios recobrados por cada medicamento fueron en promedio un 26% más altos en comparación al menor valor recobrado por otro proveedor. En otras palabras, esa compañía anónima logró que el Gobierno colombiano le pagara un margen muy superior al que obtuvieron sus competidores por el mismo medicamento.

Un ejemplo citado por la Adres lo explica mejor: con el Lomitapide, usado para tratar el hipercolesterolemia familiar, hubo casos donde un laboratorio o gestor cobró 88 % más que otro. Un porcentaje que equivalió a $106 millones al mes por paciente.

¿Por qué sucede esto? Aunque El diario el Espectador (fuente de la noticia) consultó a Fenalco, donde están agrupados los gestores farmacéuticos, para entender los motivos de estas distorsiones y conocer su opinión sobre el informe, hasta el cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta. También contactamos a dos de los más grandes (Audifarma y Cruz Verde), pero tampoco fue posible que contestaran antes del cierre.

¿Por qué la Adres prefirió reservar el anonimato de las empresas que cometen estos excesos y no revelar sus nombres públicamente? ¿Por qué si, finalmente, se trata de recursos públicos? Esa entidad prefirió guardar silencio.

En medio de ese misterio, lo cierto es que si esas compañías desconocidas no hubieran logrado márgenes tan altos y se hubiesen ajustado a los menores valores que pagó Colombia, “el valor total facturado en 2017”, dice la Adres, hubiera sido un 13,3 % menor; es decir, aproximadamente $309.000 millones menos”. Es una suma suficiente para casi duplicar el presupuesto asignado al naciente Ministerio de Ciencia.

Fuente: El Espectador